Enclavadas en las altísimas mesetas de los Andes chilenos, entre alpacas que pastan y arroyos de aguas cristalinas, las casas de adobe de los agricultores indígenas ahora tienen puertas altas de aluminio y rejas de hierro soldadas a sus ventanas.

Erika Moscoso, de 57 años, una panadera nacida en el pueblo, afirmó vivir con temor. Recientemente había instalado cerraduras en sus puertas por primera vez para protegerse de los delincuentes.

Ese temor se ha filtrado a través del patio abrasado por el sol de Moscoso, en el pequeño pueblo de Cariquima, cerca de la frontera noreste de Chile con Bolivia, y se ha extendido a lo largo del estrecho territorio del país, llegando a la capital, Santiago, y extendiéndose hacia el sur, hasta la Patagonia.

Un aumento en los asesinatos y otros delitos violentos en los últimos años, impulsado por la rápida expansión de los grupos criminales internacionales, ha sacudido a un país muy acostumbrado a una relativa seguridad, convirtiéndose en un tema político dominante que probablemente contribuirá a impulsar a Chile hacia la derecha en las elecciones presidenciales del domingo.

Pero los temores por la violencia se extienden mucho más allá de Chile.

En toda América Latina, el crimen organizado ha aumentado considerablemente durante la última década, y la violencia se ha apoderado de países que antes vivían con paz, como Chile, Costa Rica y Ecuador. Las encuestas muestran que, al menos en ocho países, entre ellos Chile, la seguridad es la principal preocupación de los votantes, lo que lleva a muchos latinoamericanos a exigir medidas de mano dura y a mostrar una mayor tolerancia hacia las políticas férreas contra la delincuencia.

Eso ha convertido en un modelo a seguir al presidente Nayib Bukele de El Salvador, quien ha restringido los derechos civiles a fin de bajar de manera drástica la tasa de delincuencia de su país.