Un juez de la Ciudad de México desactivó la orden de aprehensión contra Ángel Martín Junquera Sepúlveda, ex apoderado de la Cooperativa La Cruz Azul, por el caso de la presunta administración fraudulenta de 2 mil 257 millones 411 mil pesos en la cementera.
Héctor Fernando Rojas Pacheco, juez de la Unidad de Gestión Número 12, declaró improcedente la solicitud de captura de la Fiscalía de la Ciudad de México y acordó mantener congelado el mandamiento originalmente girado contra el litigante en el 2020, indican registros judiciales.
El fallo implica que en este momento el abogado no sea perseguido por esta imputación, la de mayor cuantía en su contra, aunque continúa prófugo de la justicia por otras órdenes de aprehensión, una de ellas federal por los delitos de delincuencia organizada y lavado de más de 114 millones de pesos.
La orden de captura del fuero común por ahora ha quedado inactiva porque el juez Rojas estimó que la Fiscalía capitalina no le aportó información suficiente para saber con certeza si Junquera pagó o no la totalidad de la reparación del daño que le atribuyen haber ocasionado a la cooperativa.
El fallo es consecuencia de un amparo que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México concedió al abogado.
Al no contar con los datos establecidos en el fallo protector, al no contar con los datos necesarios para establecer el cumplimiento total o parcial del acuerdo reparatorio, el juez de control declaró improcedente la solicitud del fiscal de reactivación de la orden de aprehensión y, determinó que continuara vigente la suspensión de la orden de aprehensión librada el 24 de agosto de 2020”,dice un acuerdo de Ruby Celia Castellanos Barradas, Juez Décimo de Distrito en Materia Penal, responsable de vigilar el acatamiento del amparo.
La imputación de administración fraudulenta tiene su origen en el Fideicomiso 447 de CBL Fiducia, constituido por la entonces directiva de Guillermo “Billy” Álvarez, con la participación de Junquera, supuestamente sin contar con las facultades legales ni autorización de la asamblea de socios.
Según la Fiscalía capitalina, a través de ese instrumento financiero arrendaron los bienes, la maquinaria y el equipo de futbol de la cementera a Afianzadora CBL Fiducia.
La operación habría implicado la transferencia de bienes materiales con valor de más de 2 mil 257 millones de pesos, en un contrato de arrendamiento que tendría una vigencia de cinco años a partir de 2017, con una renta mensual de 667 mil 714 pesos.
Cantidad que aumentará considerablemente una vez que se cuenten con los avalúos de la totalidad de los bienes que transmitieron ilícitamente al fideicomiso, ya que se trata de los activos más importantes de la empresa, las plantas productoras de cemento de Oaxaca e Hidalgo, que representan el alma de la Cooperativa”, señalaron los querellantes, en su denuncia del 2 de junio de 2019.
Por este caso, el 24 de agosto de 2020 originalmente se ordenó la aprehensión de Junquera y nueve ex directivos de la cementera, entre ellos el propio Guillermo “Billy” Álvarez, hoy preso en el Penal del Altiplano.
Desde la clandestinidad y a través de sus hijos Ángel y Mauricio Junquera Fernández, el 3 de mayo de 2021 el ex apoderado suscribió un acuerdo reparatorio con la cementera, ésta representada por Jonnathan Julián Molina Suárez, indican documentos judiciales.
El pacto negociado entre las partes fue que a lo largo del plazo de un año Junquera entregaría a la cooperativa un total de 41 inmuebles en México y Estados Unidos, y un carro de carreras clásico, a cambio de que fuera cancelada esta orden de aprehensión.
Como parte del acuerdo, el imputado también se comprometía a solicitar un criterio de oportunidad a la Fiscalía General de la República (FGR), para cooperar en las investigaciones federales contra los ex directivos de Cruz Azul.
Al final, este beneficio le fue negado por la dependencia federal, la cual tampoco se ha desistido hasta la fecha de la orden de aprehensión contra el litigante por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
La consecuencia inicial de aquel arreglo fue que el 26 de agosto de 2021 el juez local autorizó suspender hasta por 12 meses la ejecución de la orden de captura por administración fraudulenta.
Cumplido el término de un año, la Fiscalía capitalina pidió una nueva audiencia al juez de la causa con la finalidad de que reactivara la aprehensión, ya que consideró que el ex abogado externo de la cooperativa no había transferido todos los bienes.
Algunas fuentes ministeriales indicaron que sólo se escrituraron dos inmuebles en favor de la cementera, de los más de 40 prometidos, aunque no precisaron si esto fue responsabilidad de la cooperativa o del abogado.
Es decir, que la cementera no informara a nombre de quién debían escriturarse los bienes, o que el litigante omitiera transferir las propiedades en forma deliberada.
Lo cierto es que el 13 de marzo de 2023, en una audiencia privada, el juez de control declaró procedente reactivar la orden de aprehensión contra Junquera, al concluir que la Fiscalía local acreditó el incumplimiento del acuerdo reparatorio.
En ese momento, el ex apoderado volvió a ser perseguido con base en esta imputación.
Desactivan captura
La suerte de Junquera volvió a dar un giro en agosto del año pasado.
Fue cuando el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México le concedió un amparo que dejó insubsistente la reactivación de la orden de aprehensión por administración fraudulenta, acordada el 13 de marzo de 2023.
El tribunal resolvió que el juez del fuero común debía llevar a cabo una nueva audiencia privada para resolver una vez más si debía o no librar el mandamiento de captura.
Pero el colegiado precisó que, antes de emitir su veredicto, el juez debía pedirle a la Fiscalía de la CDMX un informe que acreditara que Junquera tuvo el derecho de manifestar su postura, es decir, de exponer a motu propio si cumplió parcial o totalmente con el pago de la reparación del daño.
En el supuesto de que el quejoso sí haya comparecido y/o alegado algo sobre el cumplimiento (parcial o total) del acuerdo reparatorio previo a dicha declaratoria, la Fiscalía deberá informar al Juez de Control responsable los motivos por los que fueron desestimados sus argumentos y se determinó que había incumplimiento con el acuerdo”, sentenció el colegiado.
En acatamiento a este fallo, el pasado 28 de noviembre Héctor Fernando Rojas Pacheco, juez de control penal en el fuero común, celebró la audiencia privada y declaró improcedente la solicitud de aprehensión de la Fiscalía.
Rojas comunicó el sentido de su determinación a la juez federal Ruby Celia Castellanos Barradas, encargada de velar que el amparo otorgado se cumpla en todos sus términos.
Una vez escuchadas las manifestaciones del agente del Ministerio Público, conforme a los parámetros establecidos en el fallo protector, al no contar con los datos establecidos en el fallo protector, al no contar con los datos necesarios para establecer el cumplimiento total o parcial del acuerdo reparatorio, el juez de control declaró improcedente la solicitud del fiscal de reactivación de la orden de aprehensión y, determinó que continuara vigente la suspensión de la orden de aprehensión librada el 24 de agosto de 2020”, señala un acuerdo de Castellanos.
Según fuentes ministeriales, de momento, la transferencia de la totalidad de los bienes no se ha concretado.
Mientras la Fiscalía local no acredite que el ex apoderado de la cementera tuvo el derecho de audiencia en el acuerdo reparatorio, ante la Unidad de Mediación Especializada, la orden de aprehensión continuará desactivada.
